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Los Verdes responden a la Resolución del TACRC sobre la fallida licitación del contrato de Recogida y Limpieza de Residuos

Después de la rueda de prensa del pasado viernes en la que Carmen Gómez Candel, concejal de Cuidado y Potenciación de la imagen urbana, informó de la resolución del TACRC (Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales) que supone que la licitación del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria y de la costa “vuelva a la casilla de salida”, el partido de Los Verdes quiso responder ayer con un comunicado. Cabe recordar que el anterior alcalde y candidato del partido verde en las últimas elecciones, José Manuel Dolón, fue también concejal de Aseo Urbano en la legislatura 2015-2019.

Darío Baño: Los Verdes de Torrevieja – Compromiso Municipal, han remitido un comunicado  sobre la resolución del TACRC en relación al  Contrato de Aseo Urbano de Torrevieja, en el que dicen textualmente lo siguiente:

Los responsables del amaño del contrato millonario de las basuras no tienen ninguna legitimidad para desautorizar el esfuerzo de quienes participaron en la elaboración del pliego de condiciones del contrato de la basura, y muy especialmente de los muchos técnicos municipales que lo hicieron.

Las prioridades del anterior alcalde de Los Verdes y de otros miembros del equipo de gobierno fue desde el principio la municipalización del servicio, pero la gestión directa no pudo llevarse a cabo por no disponer el gobierno municipal de mayoría suficiente. El Partido Popular y Ciudadanos impidieron con sus votos que se aprobaran los presupuestos del año 2016 que contenían las partidas económicas necesarias para hacer efectiva la municipalización del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y limpieza de playas.

Con el único objetivo de “cuánto peor; mejor”, la derecha  tumbó la propuesta de la municipalización de las basuras de Torrevieja y forzó a tener que asumir la gestión indirecta, manteniendo la externalización del servicio como hasta ahora.

A partir de ahí, y asumiendo la petición de los representantes de los trabajadores, se empezó a trabajar con varios objetivos. El primero: la subrogación de toda la plantilla y de sus condiciones salariales económicas y sociales. El segundo, y a petición también de los representantes sindicales, que no se fraccionara la contrata; ofertar el contrato en un solo lote para evitar que entrara más de una empresa a realizar la gestión del servicio, lo cual podría ampliar el coste de la misma y que se dividiera la representación sindical de los trabajadores.

Otra de las prioridades era la descarbonización del servicio, introduciendo el máximo de vehículos y maquinaria eléctrica o impulsada por otras energías renovables y no contaminantes, así como la optimización en la gestión de la recogida selectiva y la recuperación de los residuos para cumplir con los objetivos Europeos.

Una prioridad fundamental era también el equilibrio económico del contrato; garantizar que no se perdía un solo euro y que había suficiente para mejorar toda la maquinaria, mantener las condiciones de la plantilla y dar un buen servicio a la ciudad de Torrevieja, y por supuesto, el control efectivo del cumplimiento del contrato y de las condiciones de la prestación del servicio, algo que durante los años que lleva prestando el servicio la empresa Acciona jamás ha sido posible porque no estaba contemplado en el pliego de condiciones del actual contrato amañado por el Partido Popular.

Junto al mantenimiento de los puestos de trabajo, esas fueron las directrices políticas del anterior equipo de gobierno; todas en pro de la mejora de Torrevieja.

Con esos objetivos trabajaron durante dos años los técnicos municipales de servicios, contratación, secretaría, servicios jurídicos e intervención, apoyados en todo momento con el asesor de Alcaldía que hasta el año 2013 fue el economista municipal y técnico de administración general en el departamento de intervención del Ayuntamiento de Torrevieja.

A finales del año 2017, y estando el expediente prácticamente cerrado y concluido, los representantes sindicales pidieron al alcalde en una reunión que el contrato se formalizara acogiéndose a la nueva Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que ya estaba aprobada en las Cortes Generales y publicada en el B.O.E., pero que entraría en vigor a partir del 9 de marzo del año 2018.

Valorando que ello sería más beneficioso para los trabajadores, el alcalde aceptó la petición y comunicó la decisión a los departamentos municipales implicados, que tuvieron que introducir las novedades y los cambios requeridos para ajustar el expediente al contenido de la nueva Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sin contar con ninguna objeción ni observación o sugerencia de los técnicos municipales que participaron en la elaboración, la decisión del actual Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales nos servirá a todos para ir conociendo mejor la nueva Ley de Contratos y para perfeccionar la tramitación de los numerosos expedientes de contratación puestos en marcha por el anterior equipo de gobierno y que hoy se tramitan en las diferentes áreas municipales del Ayuntamiento de Torrevieja.

Tras dos años de intenso trabajo, y tras haber superado y resuelto los sucesivos reparos detectados por la intervención municipal y por otros departamentos, el pliego de condiciones se aprobó definitivamente por la Junta de Gobierno Local en mayo del presente año.

Que quede meridianamente claro que la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales hace referencia a un asunto exclusivamente de trámite y de procedimiento administrativo y nada tiene que ver con la corrupción practicada por los anteriores gobiernos del Partido Popular de Torrevieja.