El Grupo Popular presenta una enmienda para que se adopten medidas urgentes “que incentiven la inversión y la generación de empleo

Redacción: El pleno de la Diputación de Alicante del pasado jueves  aprobó una moción presentada por el Grupo Popular en la que se insta al Consell a rebajar los impuestos a ciudadanos y empresas, reducir los tipos impositivos en el tramo autonómico del IRPF y eliminar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. La propuesta contó con el respaldo del Grupo Ciudadanos, la abstención de Compromís y el voto en contra del Grupo Socialista.

La diputada provincial María Gómez, encargada de defender la moción del Grupo Popular, ha indicado que “estamos en un momento de desaceleración económica, por lo que es necesario que se adopten medidas encaminadas a la reducción de impuestos que permitan a los ciudadanos disponer de mayor liquidez, incrementar el consumo interno y generar así empleo”.

“Las administraciones públicas no podemos cargar en los ciudadanos la desaceleración y debemos hacer todo lo que está en nuestras manos para apoyar a las familias y empresas, porque son ellas las que, con su actividad, generan economía y progreso”, ha insistido la responsable provincial, quien ha añadido la oportunidad de impulsar esta moción “en un momento en el que las distintas administraciones están elaborando sus presupuestos”. 

Por otra parte, el Grupo Popular también ha conseguido sacar adelante, de nuevo con el apoyo del Grupo Ciudadanos, una moción para mostrar su rechazo al requisito lingüístico, instando por ello al Consell a no imponerlo para acceder a empleo público, concursar o promocionar mediante prueba selectiva y a considerarlo un mérito, ponderado según las funciones a desarrollar.

“La Diputación de Alicante ha dicho hoy alto y claro que no quiere que se implante el requisito lingüístico en la provincia de Alicante porque de aprobarse, a cualquier persona que quiera presentarse a una oposición, incluido en los municipios castellanoparlantes, le van a obligar a tener un título de valenciano”, ha indicado el portavoz del equipo de Gobierno, Adrián Ballester, para quien “el respeto a la lengua valenciana no puede convertirse en una barrera excluyente para quien no habla valenciano”.

En este sentido, ha insistido en que desde la institución alicantina “estamos en contra de esta medida, que es una barrera impeditiva para acceder al empleo, por lo que seguiremos defendiendo los derechos de todos los ciudadanos de la provincia de Alicante”.

La moción presentada por los populares reclama también a Les Corts que manifiesten que ‘la Comunitat Valenciana no puede prescindir de los mejores profesionales, tanto nacionales como internacionales, pues en un mundo globalizado y de máxima especialización, los grandes sanitarios, educadores, ingenieros, abogados, asistentes sociales, arquitectos… acuden allá donde mejor pueden desarrollar su profesión sin que les sea impuestos requisitos lingüísticos que ni el sector público valenciano ni el privado han exigido nunca, ni a nuestros vecinos ni a los que aspiramos a atraer, por su excelencia, a nuestra Comunitat’.

Apoyo a la UNDEF

La Diputación de Alicante también mostró su respaldo a la Unión Nacional de Entidades Festeras de Moros y Cristianos (UNDEF) en sus peticiones de flexibilizar y facilitar la adquisición de pólvora en estas celebraciones.

Al respecto, y a través de una enmienda del Grupo Popular, a la que se han sumado los grupos Socialista y de Ciudadanos, se insta al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y al de Interior a modificar el reglamento de explosivos que ordena el uso de armas de arcabucería en las manifestaciones festeras para, de esta forma, simplificar los trámites para uso de la misma en las fiestas de Moros y Cristianos y permitir a las pirotecnias que cumplan los requisitos de seguridad exigidos, no solo comercializar, sino también fabricar pólvora negra para arcabucería, entre otras cuestiones.

Asimismo, desde la institución provincial, que ha solicitado la constitución de una Mesa de Trabajo con la participación de todas las administraciones y agentes implicados, “se quiere poner de manifiesto su apoyo a las gestiones que UNDEF y otras entidades están realizando para conseguir que una tradición tan arraigada y extendida como la de los actos de arcabucería en contextos festivos deje de ser vista y tratada como un problema en la normativa vigente y, por el contrario, reciba la consideración y protección que merece su atención a su arraigo y a su notoria importancia histórica, cultural y socioeconómica”, destacó  el diputado del equipo de gobierno Juan Bautista Roselló.

En este sentido, Bautista Roselló, ha recordado que 67 municipios de la provincia celebran Fiestas de Moros y Cristianos, tres de ellas declaradas de Interés Turístico Internacional (Alcoy, Crevillent y La Vila Joiosa), y ha insistido en la importancia de defender “la fiesta más extendida en la provincia y una de nuestras principales señas de identidad”.

Por otra parte, toda la corporación provincial, a excepción del diputado de Compromís, que se abstuvo, trasladó  su apoyo y reconocimiento a la labor que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña.

Otros asuntos 

Durante la sesión plenaria celebrada el pasado jueves,  todos los grupos firmaron  también una propuesta por la que se acuerda incoar el procedimiento para la modificación del artículo 9 del Reglamento Orgánico sobre dotación económica de los grupos políticos de la corporación en aras a mejorar la fiscalización y el control de las transferencias de fondos que los grupos políticos realizan a sus respectivos partidos.

El acuerdo, presentado en forma de enmienda a la totalidad a una propuesta inicial de Compromís -formación que finalmente también firmó el texto conjunto- propone la sustitución del citado artículo por el siguiente:

Artículo 9.- Los Grupos Políticos podrán transferir a su agrupación política, los fondos asignados anualmente a cada grupo. Dicha transferencia de fondos deberá ser como consecuencia de gastos conjuntos realizados por el partido político, o como contrapartida por servicios de realización de actos conjuntos y los gastos derivados de los mismos, asistencia, asesoramiento, consultoría o servicios análogos prestados al Grupo por el Partido.

La acreditación del destino finalista de dicha transferencia de fondos al partido político se hará mediante una certificación emitida por un responsable del mismo, con el visto bueno del portavoz del grupo, junto a una memoria anual justificativa de las actividades desarrolladas con el grupo en el periodo correspondiente, de acuerdo al modelo adjunto del anexo I. La transferencia de cada grupo político a su respectiva agrupación política provincial requiere acuerdo expreso del grupo. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos. La presente modificación entrará en vigor desde el 1 de enero del 2020.

Finalmente, el pleno de la Diputación de Alicante también aprobó  una modificación de crédito que permitirá incrementar en 250.000 euros la cantidad destinada a las ayudas de emergencia para la reparación de caminos afectados por el temporal de septiembre de 2019.

Aunque ya se había consignado un crédito extraordinario de 100.000 euros para este fin en la anterior sesión plenaria, una vez recibidas las solicitudes de ayudas de los ayuntamientos afectados, la valoración de los daños eleva la cantidad a 350.000 euros, lo que ha obligado a suplementar el importe inicialmente previsto.